Día a día en el sistema de salud público, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos en condiciones impensadas que llegamos a naturalizar. Nos encontramos con que falta determinada medicación o con que a “tal programa” ya no se accede de esa forma, que hay que hacer un paso burocrático más. Sabemos que “tal persona” va a morir en poco tiempo porque no accede a necesidades básicas y que aunque intentemos toda clase de estrategias no podemos modificar esa situación.

 

Transitamos los hospitales, los centros de salud, con la certeza de que muchas veces es un simulacro de cura, y transitamos con la angustia de creernos impotentes ante esta situación. Mientras vemos que el centro de salud se inunda, que se cae un pedazo de techo del servicio en el que estamos, que se cae un ascensor, que hace dos años atendemos en un container y hasta se incendia el centro de salud.

 

Y a la vez vemos, al llegar a cada lugar de trabajo, cada vez más gente en situación de calle, más gente con consumo problemático de sustancias, más gente con padecimientos de salud mental producto del sufrimiento constante al que nos expone este sistema social injusto, más adolescentes y niñes en condiciones de vulnerabilidad terribles.

 

Esto es lo que vivimos día a día les trabajadores de salud y tal vez por esa inmensidad de las situaciones y de lo que enfrentamos, es que cuando el Gobierno implementa nuevas medidas que afectan nuestras condiciones de trabajo, la calidad de atención, que impactan tanto en los derechos de usaries y trabajadores, nuestra capacidad de respuesta se muestra por detrás del avance del Gobierno.

 

Más aún cuando el Gobierno lleva adelante las políticas públicas en forma fragmentada, con decretos y leyes que implementa por separado, con diferentes discursos hasta en ocasiones progresista pero que en su objetivo último no responden a los intereses del pueblo.

 

En el sistema de salud de la Ciudad, el GCBA implementó leyes que modifican nuestra carrera profesional, las funciones de los centros de salud, decretos que modifican la estructura organizativa del Ministerio de Salud y que ponen en práctica costosos sistemas electrónicos para controlarnos el presentismo, concursos de cargos que dependen del Ministerio de Salud y no de hospitales o áreas programáticas; y, a la vez, planea cerrar cincos hospitales (Curie, IREP, Muñiz, Ferrer y Udaondo) para convertirlos en un único instituto.

 

Estas medidas que en forma aislada pueden no representar nada en sí mismas, miradas desde la política general del Gobierno Nacional, cobran otro sentido. La desaparición del Ministerio de Salud, miles de despidos en el Estado, en el Hospital Posadas, el recorte de presupuesto, apuntan a reducir la intervención estatal para garantizar el derecho a la salud y convertirlo en un bien más que puede ser comprado en el mercado. Esto es la Cobertura Universal de Salud (CUS), que impulsa el Gobierno y que busca desmantelar el sistema público de salud para después privatizarlo.

Las medidas del Gobierno de la Ciudad continúan este lineamiento, pues nos quitan derechos a les trabajadores, modifican las estructuras organizativas que dan más poder a los CEOs, para luego reducir la inversión en salud.  

 

En este contexto, el Ministerio de Salud avanza cada día más con la implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE), que en un primer momento podría parecer que es una forma de mejorar las condiciones de trabajo pero si se observa en profundidad, se puede analizar cómo responde a la lógica de ajuste y privatización del Gobierno.

 

La HCE que fue hecha sin consultar a les trabajadores sobre cómo sería más útil o cómo facilitaría el trabajo, incluye una serie de ítems que afectan diferentes aspectos, como el derecho a la confidencialidad de les usuaries y el secreto profesional, pues todas las personas con clave para entrar en la HCE pueden leer las evoluciones de todas las especialidades, de todos los efectores de salud sobre una persona.

 

Y en relación a les trabajadores incluye una lógica de control, pues dentro de la HCE existen agendas que son controladas directamente desde el Ministerio de Salud, que vigila la atención desde el sentido de la productividad porque observan cuántas personas atendimos y no si nuestra práctica impacta en una mejora del estado de salud de la población. Somos controlados en nuestros lugares de trabajo con auditorías, con llamados telefónicos y con la mirada en lo que escribimos o no escribimos en la HCE. Esto afecta también nuestra autonomía profesional, pues nos dictan cuánto tiempo de trabajo asistencial y comunitario debemos realizar.

 

Y aunque por momentos olvidemos que nos están controlando, y nos acostumbremos como a tantas otras cosas, el mismo sistema nos recuerda que está ahí, vigilandonos, con simples actos. La HCE incluye un espacio donde se escriben los “motivos de consulta”, que los escribe cada trabajadore, pero el sistema te permite algunos motivos de consulta y otros no, según la arbitrariedad del Gobierno de la Ciudad; por lo que algunos días podemos registrar como motivo de consulta, por ejemplo, la vulneración de un derecho, como la falta de acceso a la vivienda, y otros días no, cuando el Gobierno se dio cuenta que no le conviene que eso quede registrado.

 

Ante esta lluvia de medidas y políticas en las que pareciera que no podemos incidir, les trabajadores tenemos la posibilidad de organizarnos, por ejemplo para acordar entre nosotres los motivos de consulta y cómo repartir nuestras horas de trabajo, para proponer de conjunto estas resoluciones al Gobierno; explicándole a les usuaries la modalidad de la HCE y pensando nosotres qué y cómo registramos para proteger el derecho a la confidencialidad.

 

La realidad es difícil, angustiante, compleja, inmensa, y en muchas ocasiones nos llena de impotencia, pero es con les compañeres que tenemos al lado, que nos ayudan a sobrellevar cada día, que tenemos la posibilidad de conversar, de encontrarnos, de organizarnos, de lo más chico a lo más grande, para evitar los avances contra el sistema público de salud y podamos construir un sistema de salud público, gratuito y de calidad.

 

Lic. María Alejandra Molina