Desde la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales de Servicio Social queremos expresar nuestra profunda preocupación ante numerosos hechos de la coyuntura nacional y de la CABA, que imponen una sucesión de ataques a la vida sindical. En ese sentido, los medios de comunicación muestran una imagen del sindicalismo repudiable y tergiversada, realizando una campaña mediática, periodística, ficcional, estereotipada. Al mismo tiempo, lo hacen en connivencia con un gobierno que se aprovecha de masificar un sentido común sobre los sindicatos: negativo, infractor, mafioso, corrupto y burocrático, como única imagen de un sindicato. De esta manera niegan la existencia de una multiplicidad de otros sindicatos en los distintos sectores que diariamente luchamos por los intereses y las reivindicaciones de la clase trabajadora por la conquista de mejores condiciones de vida.
Esta semana el Gobierno Nacional y de la Ciudad han dado nuevos pasos para continuar una línea de política represiva, expulsiva, de ajuste y precarizante sobre la clase trabajadora y la población toda. Hemos iniciado la semana con la noticia de la instalación de un Servicio Cívico en Valores, a cargo de la Gendarmería Nacional, órgano represivo que a días del aniversario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado es catalogado por la ministra de seguridad como institución de relevancia en la formación de la juventud. Repudiamos enérgicamente esta provocación y exigimos su inmediata derogación. Sobran argumentos para impedir que una fuerza armada se responsabilice por jóvenes y su formación educativa por fuera del sistema público de educación. El Gobierno debe poner en pie proyectos que impliquen propuestas genuinas para les jóvenes por fuera de las ofertas educativas y laborales, siendo que contamos con marcos legales de protección contrarios a las políticas que intentan imponer.
Seguido de aquello, la Salud Mental tuvo un nuevo embate: la Asociación de Médicos Municipales, junto con el GCBA, se arrogan como un hecho histórico la firma de un acuerdo que evita el cierre de los hospitales neuropsiquiátricos y lo significan como un logro en la implementación de la Ley de Salud Mental. Si bien la defensa de los equipos que allí se desempeñan es una reivindicación irrestricta de esta Asociación, lo es también en consonancia con los lineamientos establecidos para la atención de la salud mental en nuestro país, reivindicaciones que se han conquistado históricamente en el marco de la intersectorialidad consolidada en la Ley Nacional de Salud Mental. Una vez más un gremio burocrático, desvinculado de las necesidades de la población y de la defensa de las condiciones integrales de trabajo de les profesionales, ha viabilizado que el GCBA avance de manera ilegal en un nuevo ataque a la política sanitaria, con un espíritu biologicista, en el que sólo cabe la medicina desde un modelo hegemónico. Es pertinente aclarar que la Federación tampoco ha podido interceder para priorizar otras concepciones y condiciones para el ejercicio profesional interdisciplinario y para la atención de una salud mental concebida desde la integralidad y la totalidad en que está inserta.
Mientras tanto, las condiciones de trabajo de quienes nos desempeñamos como trabajadoras sociales en los hospitales y centros de salud se siguen agravando. La impuesta reforma laboral se profundiza en la instancia de reglamentación, evidenciándose que la nueva carrera profesional no puede más que legalizar la pérdida de cargos y de estructuras hospitalarias que contenían servicios profesionales con mayor autonomía, jerarquizando profesiones por fuera de la estructura médica hegemónica. En este sentido esta Asociación continúa pronunciándose en contra de la reforma de la Carrera Profesional y propiciando ámbitos de defensa en torno a la reglamentación de la misma.
Otra forma de agravamiento de las condiciones de trabajo se evidencia en la agudización del ajuste sobre las políticas sociales por fuera del cada vez más deteriorado sistema de salud. Hemos discutido con preocupación la presencia de un aumento de las personas en situación de calle o de vulnerabilidad habitacional, a la par que el crecimiento de la burocratización para el acceso al único programa habitacional de transferencia monetaria de la ciudad de Buenos Aires. Mientras les usuaries del sistema de salud duermen en la puerta de las oficinas del ministerio de Desarrollo Social y deambulan en las puertas de los servicios sociales con pedidos de redacción, modificación y repetición de informes sociales, desde esta Asociación exigimos el acceso irrestricto a una respuesta integral por las condiciones de vida de la población. Siendo el informe social un instrumento cuyos fines táctico operativos responden a la comunicación institucional cuya responsabilidad depende exclusivamente de la evaluación profesional de quien lo elabora, el mismo no puede convertirse en una herramienta para la coerción o la burocratización de una intervención.
En la Ciudad de Buenos Aires hace más de una década que la actual gestión del GCBA es gobierno. De forma permanente hemos evidenciado que las estrategias fragmentarias y divisorias han erosionado la posibilidad de visualizar de forma integral un plan de ajuste y precarización sobre las condiciones de vida de la población toda. Hilvanar aquellas fragmentaciones y presentarlas de forma unificada es la visión que esta comisión directiva tiene en cada una de las acciones que realiza esta Asociación, y es en las calles y en la reivindicación de nuestras conquistas laborales en nuestros lugares de trabajo donde vamos a continuar dando estas batallas.
