📣 Pandemia, situación de calle y emergencia habitacional: sobrevivir en la CABA un privilegio de clase

Las políticas públicas del GCBA durante la gestión de Cambiemos muestran una orientación neoliberal que se expresa en sucesivas medidas que achican el aparato del Estado y propician los negocios empresariales incluso en áreas históricamente reservadas a las políticas sociales. Todo ello a costa de los intereses de trabajadores estatales y usuaries de estas políticas. La crisis habitacional en CABA hoy se pone en evidencia frente a la consigna de aislamiento y permanencia en domicilio, pero es consecuencia de años de considerar a la vivienda en términos mercantiles y no como un derecho fundamental y estructurante de nuestra salud.
Dicha política actúa, a través de la mercantilización de bienes y servicios, restringiendo el acceso al derecho a la vivienda y al hábitat adecuados, a la salud y la educación de calidad; y mediante sucesivas reformas o intentos de reformas laborales que precarizan las condiciones de trabajo. Todo ello en sintonía con las exigencias del FMI.

☛En el caso particular del hábitat y la vivienda, la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una crisis estructural que afecta al 20 % de la población, alrededor de 600.000 personas. En Argentina existe un déficit de 3.200.000 viviendas y tanto en la CABA como en el resto del país es preexistente al gobierno de Cambiemos remontándose su origen a hace varias décadas. Sin embargo, en la gestiones de Cambiemos el problema se agudizó aún en la CABA, la Ciudad más rica del país y de Latinoamérica.

La problemática habitacional de la CABA responde a determinaciones estructurales donde confluyen, la existencia de un sector de la clase trabajadora desempleado o con empleos precarios cuyos ingresos no le permiten acceder a una vivienda adecuada o garantizar su permanencia en ella, y la inexistencia de políticas públicas efectivas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda definitiva o normas que regulen aspectos como el precio de los alquileres, por lo que les trabajadores quedan a merced del mercado inmobiliario, de sus precios arbitrarios y la amenaza de desalojo permanente.

Además existe un fenómeno que involucra a la Ciudad en su conjunto, conocido como ciudad global, por el que grandes ciudades del mundo compiten para atraer inversiones a través de procesos de renovación urbana. En ese proceso el Estado juega un papel fundamental invirtiendo en infraestructura y equipamiento urbano creando las condiciones para el desarrollo de inversiones inmobiliarias. Las consecuencias son el incremento del valor de los inmuebles y los alquileres. La Ciudad se renueva ediliciamente por fragmentos mientras numerosas familias de trabajadores son expulsadas a otras áreas urbanas precarizadas o incluso fuera de la Ciudad. Otro efecto de ese proceso en el que se realizan cuantiosas inversiones inmobiliarias: existen 130.000 viviendas ociosas, lo que contrasta con las 600.000 familias en emergencia habitacional y las 7.251 personas en situación de calle.

Esta situación remite a una contradicción estructural, propia del sistema social y económico imperante y que podría sintetizarse en la vivienda como derecho versus la vivienda como mercancía.

☛Con respecto a los denominados Procesos de Integración Socio Urbana de Villas que involucra a cinco barrios de la CABA, presentan serias deficiencias tanto en la infraestructura y equipamiento urbano como en cuanto a la regularización dominial ya que la política de endeudamiento de los habitantes hace previsible su expulsión a corto, mediano o largo plazo. La desregulación de los alquileres formales e informales afecta especialmente a la de menores recursos que paga elevados alquileres para vivir en pésimas condiciones e incluso así padecer la amenaza permanente de estar en situación de calle. Es de este modo que miles de personas se encuentran transitando su aislamiento en condiciones de hacinamiento, falta de servicios fundamentales o en situación de calle, lo que perjudica aún más su estado de salud.

El vaciamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo encargado de implementar créditos para la compra de viviendas en el marco de la Ley 341, se traduce en el incumpliento de la ley respectiva.

Los subsidios habitacionales y los paradores, casi las únicas respuestas a la problemática, son precarios y están lejos de constituir una solución, en los últimos meses se agravó aún más la situación al imponer restricciones extremas para el acceso a dicho subsidio, excluyendo a las personas bajo amenaza de desalojo inminente.

En los últimos días, se han expulsado personas que dormían en las guardias de los Hospitales, y se han incrementado las respuestas represivas frente a la población más vulnerable. La apertura de algunos paradores de emergencia no es suficiente para resolver años de ausencia en materia de política pública habitacional.

Frente a la crisis habitacional y el papel asumido por el GCBA se erige un contrapoder constituido por una multiplicidad de puntos de resistencia. Estos aún no constituyen una fuerza capaz de contrarrestar el avance del proceso general pero crece en número y capacidad de organización.

☛Cómo trabajadores que recibimos la demanda de la población frente a sus necesidades habitacionales, denunciamos la vulneración de este derecho y reclamamos una política habitacional fundada en el derecho a la vivienda. En el marco de la actual emergencia sanitaria, seguiremos reclamando por condiciones laborales para les trabajadores de salud y de otros sectores del Estado, exigiendo que podamos contar con insumos fundamentales para desarrollar nuestra tarea.

Exigimos con urgencia una política de congelamiento en el precio de los alquileres y de suspensión de desalojos y una solución habitacional para las personas que se encuentran en situación de calle.
Sobrevivir en la CABA no puede ser un privilegio de clase.

Foto: Enrique García Medina